El Presidente Enrique Peña Nieto ya dio luz verde para la creación de un
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que estará constituido por mandos del
Ejército, Fuerza Aérea y de la Armada de México.
El asunto no es menor, por primera vez en la
historia se pretende que soldados, pilotos y marinos colaboren y actúen
coordinadamente en las crecientes tareas que han ido asumiendo las fuerzas
armadas, particularmente en el combate al crimen organizado y en misiones
operativas.
Fuentes castrenses confirmaron ésta información y
destacaron la “buena química” que hay entre el almirante secretario de Marina,
Vidal Francisco Soberón Sanz, y el general secretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cienfuegos Zepeda, quienes impulsaron la idea de establecer el Comando
Conjunto, la cual ya fue avalada por su comandante supremo.
Después de muchos años en que hubo reticencias y
recelos entre militares y marinos, parece que ahora sí, Vidal y Cienfuegos
coincidieron en unir esfuerzos para aprovechar mejor los recursos humanos y
materiales con que cuentan.
La que resultará beneficiada con la medida, será sin
duda la Fuerza Aérea, la cual por fin será reconocida como un arma a la altura
del Ejército y de la Armada.
Y es que, para evitar malos entendidos y rencillas
que echen a perder este proyecto, la comandancia del Comando Conjunto será
rotativa y cambiará cada dos años, tal y como ocurre en la gran mayoría de los
ejércitos del mundo.
Esto le permitirá a los generales pilotos de ala
ocupar un lugar preponderante que hasta la fecha se les había negado, ya que al
estar integrada la Fuerza Aérea a la Secretaría de la Defensa Nacional, los
pilotos han estado subordinados a lo que ordenen los generales de tierra.
Este acercamiento no quiere decir que en el ánimo
del Presidente Peña Nieto esté la idea de crear un solo Ministerio o Secretaría
de la Defensa, o de que la Secretaría de Marina sea absorbida por la Defensa
Nacional.
Los informantes precisaron que ni el Presidente, ni
los titulares de la Defensa Nacional ni de Marina están pensando en eso. Se
trata únicamente de conjuntar esfuerzos y trabajar coordinadamente.
Para no dejar dudas, los funcionarios dejaron en
claro que al interior del gabinete presidencial tampoco se tiene contemplada la
idea de tener un secretario de la Defensa Nacional o de Marina civil.
Por otra parte, la decisión gubernamental de que el
Ejército y la Armada de México creen grupos de élite antisecuestro y
antiextorsión nos demuestran una triste realidad. A casi un año del gobierno de
Peña Nieto, y de que éste prometió que contaríamos con una fuerza policíaca
civil para enfrentar al crimen organizado, los hechos nos demuestran
exactamente lo contrario. Y es que, ni los militares, ni los marinos pidieron
involucrarse en el combate al secuestro y la extorsión.
Más bien, pareciera un intento desesperado por
frenar estos delitos que se han incrementado sustancialmente en los últimos
meses.
Nos aseguran que un componente fundamental de estos
grupos de élites será el trabajo de inteligencia y la explotación de
información, no sólo para frenar la delincuencia, sino para desmantelar de
fondo y de raíz las organizaciones criminales.
No se caerá en el error de detener a quienes cobren
rescates o extorsiones, se pretende que con la explotación de la información y
con inteligencia se capture a toda la red.
Pero este trabajo de las fuerzas armadas, por
razones legales, será acompañado por elementos de la Procuraduría General de la
República y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, quienes serán los
menos, debido a la desconfianza que aún impera en los mandos castrenses
respecto a los agentes federales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en
México
Esta semana se realizó en nuestro país el 48 Período
Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
asunto que deja varios temas para reflexionar.
Y es que, a pesar de que algunos ministros ven con
buenos ojos que México se acerque cada vez más éste órgano internacional, como
una forma de ampliar la protección de los derechos humanos con la aplicación de
criterios internacionales.
Lo cierto es que al interior del pleno prevalece una
línea dura que sostiene que la constitución mexicana prevalece sobre cualquier
tratado o criterio jurídico internacional.
Esta falta de acuerdos fue evidente durante los tres
días que sesionó la Corte Interamericana, porque durante las sesiones públicas,
ningún ministro estuvo presente en las audiencias públicas. Algunos integrantes
de la Corte mexicana estuvieron presentes en la inauguración del Período
Extraordinario que se realizó en un acto protocolario en la sede de la Suprema
Corte.
Así, la Corte que fue anfitriona del evento, terminó
por marcar su distancia por las diferencias internas que tiene en su seno.
Por otra parte, más que buscar que los jueces
mexicanos apliquen los tratados o criterios internacionales para ampliar la
defensa de los derechos humanos, los integrantes del pleno de la Corte –como
cabeza del Poder Judicial de la Federación– deberían estar preocupados porque
los jueces respeten y hagan valer el llamado debido proceso.
Esto implica que todo el proceso penal se realice
conforme a derecho, que el ministerio público presente las pruebas acusatorias
suficientes e incontrovertibles, que el acusado tenga la posibilidad de
presentar las pruebas a su favor y que la víctima sea reparada en el daño que
le fue cometido.
La fórmula pareciera simple, pero cuántas personas
son sentenciadas por jueces que dieron por buenas las acusaciones del
ministerio público sin tomarse la molesta de analizar las pruebas; cuántos no
tuvieron la oportunidad de tener una adecuada defensa y cuántos fueron
sentenciados sin pruebas contundentes que demostraran su culpabilidad.
El lamentable caso de Alberto Patishtán es prueba de
un proceso judicial amañado en el que los jueces que conocieron el asunto
fueron cómplices de un atropello.
Sin embargo, ni los jueces, ni los ministerios
públicos que permitieron ésta injusticia fueron sancionados por su actuar.
La presencia de la Corte Interamericana en México
acaparó reflectores, mientras la impunidad y falta de compromiso de muchos
jueces siguió reinando en la oscuridad cotidiana de nuestro sistema de
justicia.
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